De Julio Fernàndez Cortès
7 octubre, 2017
“Mañana, tarde y noche”
7 octubre, 2017

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el 19 de noviembre, en las que la derecha opositora está en una posición privilegiada para recuperar el poder con el candidato Sebastián Piñera, el Gobierno de Michelle Bachelet enfrenta una nueva crisis interna. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, integrante del pequeño anillo de confianza de la mandataria y encargado del orden y la seguridad, ha renunciado al Ejecutivo por diferencias en el manejo del conflicto con los indígenas mapuches en el sur del país.

La salida del socialista Aleuy, que ha sido negada públicamente por la propia Bachelet y su ministro del Interior, Mario Fernández, se suma a la caída de todo el equipo económico del Gobierno a fines de agosto pasado por discrepancias por un proyecto minero. “No hay crisis en La Moneda”, señaló ayer la jefa de Estado. “Aleuy me ha planteado que necesita descansar”, agregó la mandataria.

Aunque efectivamente el subsecretario del Interior está formalmente haciendo uso de sus vacaciones por unas dos semanas, de acuerdo con una fórmula propuesta por el Ejecutivo, desde su entorno se asegura que no regresará a su cargo en el palacio presidencial.

La crisis política en esta ocasión se produjo a raíz del conflicto indígena. En La Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, hace décadas se vive un enfrentamiento violento entre los mapuches —que reclaman sus tierras ancestrales—, y la policía, los latifundistas y las empresas agrícolas y forestales. En el marco de esta larga pugna, en julio de 2016 un grupo de mapuches atacó una iglesia evangélica en la localidad de Padre de las Casas. En el interior del templo, adultos y niños celebraban una ceremonia. El Gobierno de Bachelet se querelló invocando la Ley Antiterrorista contra los cuatro acusados: Alfredo Trancal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol.

LA TRASTIENDA DE UNA DISPUTA HISTÓRICA

R.M

En conflicto en La Araucanía, en el sur de Chile, se desarrolla desde hace décadas y sus principales protagonistas son el Estado y la población mapuche que habita en la extensa región que se prolonga desde el río Bío Bío a la ciudad de Puerto Montt. Luego de sucesivos desencuentros en el siglo XIX, en 1881 los jefes de las comunidades mapuches —los lonkos— protagonizaron un levantamiento contra el Estado chileno. Recibieron como respuesta una campaña de exterminio que terminó tras dos años con unos 10.000 mapuches muertos, sobre una población de 190.000. Todas las tierras fueron declaradas fiscales y se le considera la expropiación más grande en la historia de Chile. “Sobre estas tierras confiscadas comenzaron a trabajar unos pequeños emprendedores: los agentes de colonos. Estas personas, por lo general inmigrantes o extranjeros, tenían la capacidad de explorar en Europa la disposición de grupos humanos para establecerse en el sur chileno”, escribió el periodista Ascanio Cavallo. Llegaron alemanes, franceses, vascos, etcétera. “En menos de 40 años, el pueblo mapuche sería menos de un cuarto en La Araucanía”.

Detenidos en forma preventiva, hace 110 días los cuatro mapuches comenzaron una huelga de hambre. Para terminar con el ayuno, que fue deteriorando gravemente su estado de salud, reclamaban al Gobierno el retiro de las querellas por la Ley Antiterrorista. Sometidos a un proceso bajo la ley penal común, aseguraban, demostrarían su inocencia. Pese a que el Ejecutivo había desechado en reiteradas ocasiones recalificar las querellas, el pasado viernes La Moneda anunció un sorpresivo cambio de estrategia. Luego de una reunión de la presidenta con los familiares de los huelguistas, el ministro del Interior señaló que se retiraría la invocación a la Ley Antiterrorista.

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