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La fiscal federal Paloma Ochoa imputó hoy al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, quienes habían sido denunciados por conflicto de intereses en torno al estudio de impacto ambiental de la represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, de Santa Cruz.

La denuncia fue impulsada por el senador Fernando “Pino” Solanas y el abogadoEnrique Viale el 11 de julio. De acuerdo al escrito que presentaron y al que Infobae tuvo acceso, Marcolini fue el encargado en el Ministerio de Energía y Minería de recibir y aprobar el estudio de impacto ambiental de las represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. Además, de acuerdo a su declaración jurada, el funcionario tiene $657.017,53 en acciones de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado.

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Arturo Cavallo

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