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La lucha mensual de los empleados públicos comenzó una vez más en Santa Cruz, ante la posibilidad de no cobrar los sueldos, de cobrarlos por goteo, con techo o tope.

Todos los meses, desde que la actual gobernadora inició su gestión en diciembre del 2015, los primeros días de cada mes son una incertidumbre que acorrala a los trabajadores, pone en vilo a las familias, siembra confusión, preocupación y por sobre todo transmite inseguridad y desazón, dado que la previsibilidad está ausente en su gobierno y por tal motivo le resulta complejo a cada persona/familia dependiente del salario público, cumplir con las obligaciones que cada uno tiene y, obviamente, mucho más complejo proyectar el futuro inmediato de cada uno con las miles de historias diferentes que cruzan a una sociedad que van desde compromisos financieros, deudas, enfermedades y hasta el sustento diario el cual se ve afectado por este incumplimiento a la obligación primaria que tiene el Estado como empleador: pagar los salarios en tiempo y forma.

Hoy día 6 de septiembre el gobierno aún no ha dado muestras de estar dispuesto a depositar los salarios correspondientes al sector público y tampoco existe comunicación al respecto sobre los motivos, si habrá atraso, cuándo se va a pagar o si se hará en forma total o parcial, por sectores o a toda la administración provincial en su conjunto. Nadie sabe nada, nadie comunica nada y por tal motivo, las manifestaciones adversas hacia la actitud del gobierno, como todos los meses, comienzan a aparecer.

ATE plantó un paro de 24 horas, lo mismo hizo el sector de la Salud, APROSA (profesionales de la salud) inició medida de fuerza y asambleas para decidir otras medidas; Judiciales reinstala el conflicto producto del incumplimiento del acuerdo pactado y pide que el gobierno baje el denominado “Instituto del Salario”, del cual diéramos cuenta ayer; UPCN, gremio oficialista si lo hay, se plantó con un paro total de actividad de 48 horas, reclamando el pago de haberes, viales de paro exigiendo pago de haberes, paritarias y aumento salarial, Jubilados protestando porque no les han cumplido los acuerdos firmados y el sector docente, manteniendo una endeble situación de “acuerdo pautado” con el gobierno nacional que, hasta el momento, se hace cargo del pago de los haberes; sin embargo, hasta hoy no hay novedades respecto del salario docente y si al día 8 de este mes no están depositados, fuentes gremiales aludieron a la instalación de “retención de tareas” en las escuelas como primera medida, previa al paro.

Así está Santa Cruz al día 6 de septiembre. Las fuentes gubernamentales en off que regularmente consultamos, especialmente en el área de Hacienda, indican que la prioridad de la economía provincial hoy es política/partidaria y de campaña. Los esfuerzos y los recursos están puestos en optimizar las posibilidades de que Cristina Fernández llegue con un caudal de votos importantes, con la mayor cantidad de legisladores posibles y “preparar la pelea” para el 2019.

Esto en gran parte se financia desde Santa Cruz. Las medidas a tomar por el gobierno de Alicia Kirchner de cara al año 2018 es de un fuerte “ajuste” financiero sobre el sector público, que lo “venderá” al gobierno de Macri como parte de los acuerdos previos exigidos a cambio de las ayudas económicas; reducir al máximo las erogaciones en materia salarial, congelando acuerdos y pautas para el próximo año y afectar la mayor cantidad de fondos posible al proceso político en curso, que lidera y dirige Cristina Fernández.

Es en este marco y no otro, que ayer dimos a conocer el denominado Instituto del Salario y de Formación en Políticas Públicas, que analizaremos en otra nota aparte. (Agencia OPI Santa Cruz)

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